Parte de los bodegueros y enólogos contemplan con preocupación lo que consideran una nueva amenaza a sus intereses económicos. En esta ocasión la inquietud viene de la mano del proceso de revisión de la Directiva Comunitaria sobre Biocidas 98/8, mediante la que se pretende prohibir el empleo de ciertas sustancias desinfectantes por razones medioambientales. Entre ellas se encuentra el dióxido de azufre, utilizado mayoritariamente en el sector vitivinícola para la limpieza y desinfección de barricas.
Desde el sector bodeguero, esta posible prohibición (que no tiene nada que ver con el empleo del sulfuroso como aditivo y no se vería afectado en ningún caso) es vista como una nueva amenaza a la viabilidad económica de las industrias vitivinícolas, ya que, según subraya Pau Roca, secretario general de la Federación Española del Vino (FEV), «no existe una alternativa eficaz y económicamente viable». Por tanto, y a su juicio, es necesaria una movilización general para evitar la inclusión de esta norma en el articulado de la directiva en tanto que, de hecho, los responsables de Agricultura y Medioambiente comunitarios aún no tienen un criterio definitivo.
El problema es que esa «movilización general» cuesta dinero, y mucho. En efecto, el SO2 está incluido en la propuesta de modificación de la directiva europea, pero la decisión de incluirlo en el corpus jurídico de la norma depende de la presentación de un informe técnico-científico que justifique ante las autoridades comunitarias la necesidad de su uso. De hecho, los directores generales de Agricultura, José Manuel Silva Rodríguez, y de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, dirigieron una carta el pasado mes de septiembre al secretario general del Comité Europeo de los Vinos, José Ramón Fernández, en la que le instan a presentar un estudio que avale el uso del SO2 como desinfectante de barricas. «La cuestión», explica Roca, «es que la Comisión Europea sólo está dispuesta a considerar la inclusión en el anexo de la directiva (y la no prohibición, por tanto), si se redacta un estudio técnico que justifique su uso; un estudio que, según los consultores, tiene un coste que oscila entre los 300.000 y los 500.000 euros». Problema añadido al meramente económico es que este estudio debería estar presentado ante las autoridades antes de mayo de 2012, fecha en la que está prevista la revisión y decisión final sobre el tema.
¿Quién paga el coste del estudio?
El sector bodeguero, coordinado por el Comité Vinos con el apoyo de la Oficina Internacional del Vino, está siguiendo con preocupación este asunto desde principios de 2011, cuando se puso de manifiesto el problema. En la actualidad se está procediendo a la recopilación de documentación científica y a encargar el proyecto sin repetir los estudios ya efectuados pero… ¿quién paga el coste del estudio? Los bodegueros de la FEV aseguran que la industria proveedora del producto se ha «desentendido» del caso ya que, según ésta, la comercialización del SO2 es considerada una actividad secundaria que apenas aporta valor añadido. No obstante, las bodegas siguen trabajando para solicitar tanto a los proveedores como a la propia Administración «que se impliquen en la solución en mayor medida que hasta ahora».
Roca considera que el origen de este problema es una cuestión administrativa. «El dossier inicialmente tenía que haber sido presentado por las autoridades alemanas y su dejación ha provocado la situación actual». En consecuencia, la FEV no se ha planteado hacer derrama alguna para aportar dinero. «El problema lo deben resolver las administraciones y la propia industria proveedora». Hasta la fecha, las únicas entidades que han comprometido sumas para la elaboración del estudio son la industria de productos enológicos Oenopia, con 12.000 euros, el Comité de Consejeros Reguladores de Francia, 100.000 euros, y la patronal portuguesa ACIBEV-AEVP, 30.000 euros. Por su parte, la Unión Nacional de Enólogos francesa ha propuesto la conveniencia de aportaciones voluntarias por parte de sus socios e invita al resto de los enólogos del afectados colaboren con su aportación. Según algunos expertos, el SO2 es el aditivo más ampliamente utilizado en vinificación por sus funciones antioxidantes, antimicrobiano y antioxidásico. Las mismas fuentes aseguran que estas actividades convierten a esta molécula en una herramienta imprescindible en la elaboración de vino y su conservación. «Se puede afirmar que el sulfuroso es el mejor aliado del enólogo para la conservación de los vinos, y ningún sustitutivo (ácido ascórbico, dimetil dicarbonato, ozono y ultrasonido) ha demostrado ser tan eficaz y eficiente».
Respecto al impacto medioambiental, hay técnicos que aseguran que las dosis de sulfurosa gas que se emplean en bodega son muy pequeñas como para provocar un impacto medioambiental verdadero. Según el Proyecto Life Sinergia, del que forma parte el Gobierno de La Rioja, «la legislación en medioambiente dice que para considerarse impacto ambiental, la liberación de sulfuroso a la atmósfera debe ser continuada y superar las 36 toneladas al año, cuando las emisiones medias de SO2 a la atmósfera de una bodega son de 4.300 mg/Nm3».
FUENTE: Santos G. Monroy /Revista Enologos.es
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