Viñedo a cambio de vacaciones fiscales
“Ayudas ilegales”. Fue así como la Unión Europea declaró en 2001 las ayudas fiscales que concedió el Gobierno Vasco en los años noventa a las empresas nuevas que se instalaban en esa comunidad. Vigentes entre 1993 y 2000, se beneficiaron unas 300 empresas, en una iniciativa que puede costar a España una multa millonaria si así lo considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la última vista, celebrada el pasado mes de septiembre, estuvieron presentes el Ejecutivo comunitario como parte acusadora, y un abogado del estado en defensa de España pues es nuestro país el responsable último de cara a la UE; ni diputaciones forales ni empresas afectadas estuvieron presentes.
Desde la Administración española se aseguraba que se ha recuperado el dinero de las ayudas, y la Comisión Europea admitió ante el Tribunal de Luxemburgo que se han devuelto la mayor parte de esas “vacaciones fiscales vascas”, lo que supondría evitar una de las sanciones «comunitarias», si se recupera todo antes de que el Tribunal pronuncie su sentencia definitiva. La decisión, que podría demorarse algo más de un año, depende de 15 jueces que dirimirán si habrá o no multas económicas para España, en función de las cantidades devueltas y los criterios utilizados para recuperarlas.
Y es que las autoridades vascas han admitido, de algunas de las empresas afectadas, activos y patrimonio en lugar de dinero. Ese ha sido el caso de algunas bodegas de Rioja Alavesa, como La Rioja Alta, S.A. y Valdemar entre otras.
Las ayudas fiscales aplicadas en los noventa eran de tres tipos: las vacaciones fiscales, consistentes en la exención, durante los primeros diez años, del Impuesto de Sociedades a empresas creadas en el País Vasco entre 1993 y 1994. Para ello debían invertir más de 480.810 euros y crear al menos 10 empleos. Fueron declaradas ilegales y recuperadas en su mayoría.
En 1996 llegó el crédito fiscal por el que podían llegar a recuperar, a través del Impuesto de Sociedades, hasta el 45 por ciento del importe de la inversión en activos fijos (si superaban los 15 millones de euros). Y se completó con las minivacaciones fiscales, esto es, una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada a partir de 1995 (deducciones sucesivas del 99, 75, 50 y 25 por ciento del impuesto desde el primer año con beneficios).
Por todas estas ayudas, la Comisión Europea pedía para España dos tipos de sanciones económicas: una coercitiva, por haber permitido su concesión contraria al derecho comunitario, y otra disuasoria por no haber obligado a las empresas a devolverlas tras haber sido declaradas ilegales. La primera ronda los 236.044 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia de diciembre de 2006, cuando el Tribunal de Luxemburgo declaró que España había incumplido una decisión de julio de 2001 de la UE. Respecto a la segunda, su valoración es una suma a tanto alzado cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad diaria de 25.817,4 € por el número de días que hayan pasado desde diciembre de 2006 hasta que se recupere el importe total de las ayudas.
En la vista celebrada ante el Tribunal el pasado mes, el Ejecutivo de la UE ha reconocido que España ha recuperado las ayudas, a excepción de unos 278.000 euros de intereses, que corresponden a las concedidas a ocho empresas en Alava, por lo que la primera multa desaparecería. Respecto a la segunda, el Ejecutivo quiere que se mantenga como «medida disuasoria».
El conflicto comenzó cuando la Comisión Europea denunció a nuestro país por incumplir las resoluciones de 2001 que ordenaban recuperar las ayudas declaradas ilegales. Hace siete años, el Tribunal de Justicia europeo condenó a España por no haberlas recuperado desoyendo a la Comisión, y en 2007 abrió un nuevo procedimiento sancionador que acabó con una nueva condena además de la exigencia de recuperar el dinero desembolsado.
Fueron las tres diputaciones forales vascas las que dieron las ayudas y la primera devolución tuvo lugar en 2007 (tras la sentencia de 2006 del Tribunal), pero la Unión Europea la consideró insuficiente denunciando que no se había devuelto ni el 15 por ciento. Así, la Comisión presentó una nueva demanda en 2011 ante Luxemburgo por la que exigía, además, una multa para España. En 2012 hubo una nueva recaudación de las empresas vascas pero se continuó considerando insuficiente desde Bruselas.
En este contencioso, muchas destacadas bodegas de la Rioja Alavesa se cuentan entre las afectadas a las que se exige el pago de decenas de millones de euros por las deducciones de hasta el 45 por ciento recibidas por las inversiones realizadas hace veinte años, lo que representa en torno al 80 por ciento de la devolución. El resto corresponde a las vacaciones fiscales y las posteriores minivacaciones ligadas a la creación de nuevas empresas.
Entre las bodegas afectadas, La Rioja Alta (sus instalaciones de Labastida) y Valdemar (Oyón) devolverán las ayudas recibidas en especies, concretamente en viñedos a precio de mercado, como les ha autorizado el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Álava y una vez se hayan vendimiado esas parcelas para no producir problemas a la masa vegetal y con ello perder valor. Una vez pasen a manos de la Diputación Foral ésta los subastará para convertirlos en dinero contante y sonante.
FUENTE: Guía Proensa-Noticias. – 22.1o.2013
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