Destapando la peligrosa “Caja de Pandora” con la liberalizacion de los derechos de plantacion.

Como la cultura clasica que otorgase a la mitica caja de los truenos, la advertencia de no ser abierta, nunca; una oscura amenaza se cierne también para el sector viticultor europeo si finalmente queda suprimido el
sistema de derechos de plantacion a partir del proximo 1 de enero de 2016.

El debate esta sobre la mesa para la propia Comision Europea quien ha decidido crear un grupo de trabajo de Alto Nivel para evaluar las posibles consecuencias a medio y Iargo plazo para el sistema productor.  El horizonte no parece el mas adecuado a tenor de lo vislumbrado en las últimas reuniones mantenidas en Bru-
selas y Palermo. La realidad no puede ser mas tajante segon las partes implicadas, en el frontal rechazo de Ia EFOW (European Federation of Origin Wnes), que ha expresado, desde el primer momento, que la completa liberalizacion tendrá unos efectos definitivos y nefastos sobre el actual y delicado sector vitivinicola de los países tradicionalmente productores de la Union Europea.

Para la CECRV (Confederacion Española de Consejos Reguladores Vitivinicolas) la supresion global de los derechos de plantación implicara una aperlura total y agresiva al mercado en zonas sin IGP (lndicacion Geografica Protegida), cuyos precios dltimos terminaran afectando a zonas de superficie de vinedo eumpeo
con Denominacion de Origen. El razonamiento que justifica su importancia sabiendo que las pequenas explotaciones (con una superticie menor a las cinco Ha) constituyen mas del 90 % las parcelas comunitarias. El argumento es logico suponiendo que la liberalización extrema situara en condiciones de mayor ventaja competitiva a las superficies de viñedo, con una mayor facilidad de acceso a las zonas de máximo rendimiento, mecanizacion productiva y mayor inversion hidrica, en detrimento, de otras zonas tradicionales (familiares y ambitos rurales) de produccion.

Una liberalizacion que, en principio, impulsaría la propia inercia del mercado, motivación indiscutible e innata de toda la actividad comercial, pero que deja en situación, cuanto menos, delicada a los productores, eslabón mas débil de la cadena. Un temible efecto domino del que ni siquiera escaparian el resto de firmas
empresariales, pequenas y medianas del sector, ya que una hipertrofia industrial facilitaria un macrocentración en pocas manos que ala postre, terminaría fagocitando a todos. Incluso podria diluir
la esencia competitiva y de calidad, por la que tanto se ha trabajado en el seno de las Denominaciones de Origen. Tal y como insisten desde Ia CECRV (Confederación Española de Consejos Reguladores  Vitivinícolas) no se entiende Ia paradoja de la UE, hace anos con la OCM, de primar el esfuerzo de arranque de miles
de hectareas de vinedo para después Iiberalizar todo el territorio; una medida que podria, no solo volver a generar un excedente de sobreproduccion, con una consecuente caida de precios, sino lo que es aun más peligroso, seria un incentivo a la deslocalización de la plantación de viñedos, y progresivo abandono
local. Está, en juego, se advierte desde la CECIIV, la pervivencia del modelo de calidad basado en la tipicidad de los vinos europeos.

FUENTE: Consejo Abierto. Revista del C.R. D.O. «La Mancha». Nº. 76 – Octubre 2012

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Preocupación por la posible prohibición de uso de SO2 en barricas de madera

Parte de los bodegueros y enólogos contemplan con preocupación lo que consideran una nueva amenaza a sus intereses económicos. En esta ocasión la inquietud viene de la mano del proceso de revisión de la Directiva Comunitaria sobre Biocidas 98/8, mediante la que se pretende prohibir el empleo de ciertas sustancias desinfectantes por razones medioambientales. Entre ellas se encuentra el dióxido de azufre, utilizado mayoritariamente en el sector vitivinícola para la limpieza y desinfección de barricas.

Desde el sector bodeguero, esta posible prohibición (que no tiene nada que ver con el empleo del sulfuroso como aditivo y no se vería afectado en ningún caso) es vista como una nueva amenaza a la viabilidad económica de las industrias vitivinícolas, ya que, según subraya Pau Roca, secretario general de la Federación Española del Vino (FEV), «no existe una alternativa eficaz y económicamente viable». Por tanto, y a su juicio, es necesaria una movilización general para evitar la inclusión de esta norma en el articulado de la directiva en tanto que, de hecho, los responsables de Agricultura y Medioambiente comunitarios aún no tienen un criterio definitivo.

El problema es que esa «movilización general» cuesta dinero, y mucho. En efecto, el SO2 está incluido en la propuesta de modificación de la directiva europea, pero la decisión de incluirlo en el corpus jurídico de la norma depende de la presentación de un informe técnico-científico que justifique ante las autoridades comunitarias la necesidad de su uso.  De hecho, los directores generales de Agricultura, José Manuel Silva Rodríguez, y de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, dirigieron una carta el pasado mes de septiembre  al secretario general del Comité Europeo de los Vinos, José Ramón Fernández, en la que le instan a presentar un estudio que avale el uso del SO2 como desinfectante de barricas. «La cuestión», explica Roca, «es que la Comisión Europea sólo está dispuesta a considerar la inclusión en el anexo de la directiva (y la no prohibición, por tanto), si se redacta un estudio técnico que justifique su uso; un estudio que, según los consultores, tiene un coste que oscila entre los 300.000 y los 500.000 euros». Problema añadido al meramente económico es que este estudio debería estar presentado ante las autoridades antes de mayo de 2012, fecha en la que está prevista la revisión y decisión final sobre el tema.

¿Quién paga el coste del estudio?

El sector bodeguero, coordinado por el Comité Vinos con el apoyo de la Oficina Internacional del Vino, está siguiendo con preocupación este asunto desde principios de 2011, cuando se puso de manifiesto el problema. En la actualidad se está procediendo a la recopilación de documentación científica y a encargar el proyecto sin repetir los estudios ya efectuados pero… ¿quién paga el coste del estudio? Los bodegueros de la FEV aseguran que la industria proveedora del producto se ha «desentendido» del caso ya que, según ésta, la comercialización del SO2 es considerada una actividad secundaria que apenas aporta valor añadido. No obstante, las bodegas siguen trabajando para solicitar tanto a los proveedores como a la propia Administración «que se impliquen en la solución en mayor medida que hasta ahora».

Roca considera que el origen de este problema es una cuestión administrativa. «El dossier inicialmente tenía que haber sido presentado por las autoridades alemanas y su dejación ha provocado la situación actual». En consecuencia, la FEV no se ha planteado hacer derrama alguna para aportar dinero. «El problema lo deben resolver las administraciones y la propia industria proveedora». Hasta la fecha, las únicas entidades que han comprometido sumas para la elaboración del estudio son la industria de productos enológicos Oenopia, con 12.000 euros, el Comité de Consejeros Reguladores de Francia, 100.000 euros, y  la patronal portuguesa ACIBEV-AEVP, 30.000 euros. Por su parte, la Unión Nacional de Enólogos francesa ha propuesto la conveniencia de aportaciones voluntarias por parte de sus socios e invita al resto de los enólogos del afectados colaboren con su aportación. Según algunos expertos, el SO2 es el aditivo más ampliamente utilizado en vinificación por sus funciones antioxidantes, antimicrobiano y antioxidásico. Las mismas fuentes aseguran que estas actividades convierten a esta molécula en una herramienta imprescindible en la elaboración de vino y su conservación. «Se puede afirmar que el sulfuroso es el mejor aliado del enólogo para la conservación de los vinos, y ningún sustitutivo (ácido ascórbico, dimetil dicarbonato, ozono y ultrasonido)  ha demostrado ser tan eficaz y eficiente».

Respecto al impacto medioambiental, hay técnicos que aseguran que las dosis de sulfurosa gas que se emplean en bodega son muy pequeñas como para provocar un impacto medioambiental verdadero. Según el Proyecto Life Sinergia,  del que forma parte el Gobierno de La Rioja, «la legislación en medioambiente dice que para considerarse impacto ambiental, la liberación de sulfuroso a la atmósfera debe ser continuada y superar las 36 toneladas al año, cuando las emisiones medias de SO2 a la atmósfera de una bodega son de 4.300 mg/Nm3».

FUENTE: Santos G. Monroy /Revista Enologos.es

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